Febrero 11 de 1936

Monterrey, N. L., febrero 11. En una reunión celebrada esta noche en el salón principal del Palacio de Gobierno de esta ciudad, por convocatoria que hizo el presidente Cárdenas a los directores del Centro Patronal de Nuevo León, el Primer Magistrado expuso con llaneza, claridad y franqueza, los puntos esenciales de la política que debe presidir las relaciones obrero-patronales, demandó la cooperación de la clase patronal para que, obrando de consumo el Gobierno y los factores que intervienen en la producción, se establezcan  normas sistemáticas y permanentes para la solución de los problemas que son propios del régimen económico en que vive México.

Ya para concluir la reunión, en respuesta a palabras de desaliento que había vertido alguno de los representantes patronales, el Primer Magistrado expuso con singular sencillez: “Los empresarios que se sientan fatigados por la lucha social, pueden entregar sus industrias a los obreros o al Gobierno. Eso será patriótico; el paro no”.

En resumen, el presidente de la República expresó los siguientes propósitos de su política de gobierno:

1. Necesidad de que se establezca la cooperación entre el Gobierno y los factores que intervienen en la producción para resolver permanentemente los problemas que son propios de las relaciones obrero-patronales dentro de nuestro régimen económico de derecho.

 2. Conveniencia nacional de proveer lo necesario para crear la Central Única de Trabajadores Industriales que dé fin a las pugnas intergremiales nocivas por igual a obreros, patrones y al mismo gobierno.

3. El Gobierno es el árbitro y el regulador de la vida social.

4. Seguridad de que las demandas de los trabajadores serán siempre consideradas dentro del margen que ofrezcan las posibilidades económicas de las empresas.

5. Confirmación de su propósito expresado anteriormente a los representantes obreros, de no acordar ayuda preferente a una determinada organización proletaria, sino al conjunto del movimiento obrero representado por la Central Unitaria.

6. Negación rotunda de toda facultad a la clase patronal para intervenir en las organizaciones de los obreros, pues no asiste a los empresarios derecho alguno para invadir el campo de la acción social proletaria.

7. Las clases patronales tienen el mismo derecho que los obreros para vincular sus organizaciones en una estructura nacional.

8. El Gobierno está interesado en no agotar las industrias del país, sino en acrecentarlas, pues aun para su sostenimiento material, la Administración Pública reposa en el rendimiento de los impuestos.

9, La causa de las agitaciones sociales no radica en la existencia de núcleos comunistas. Estos forman minorías sin influencia determinada en los destinos del país. Las agitaciones provienen de la existencia de aspiraciones y necesidades justas de las masas trabajadoras, que no se satisfacen, y de la falta de cumplimiento de las leyes del trabajo, que da material de agitación.

10. La presencia de pequeños grupos comunistas no es un fenómeno nuevo ni exclusivo de nuestro país. Existen estas pequeñas minorías en Europa, en Estados Unidos y, en general, en todos los países del orbe. Su acción en México no compromete la estabilidad de nuestras instituciones, ni alarma al Gobierno ni debe alarmar a los empresarios.

11. Más daño que los comunistas han hecho a la nación los fanáticos que asesinan profesores, fanáticos que se oponen al cumplimiento de las leyes y del programa revolucionario y, sin embargo, tenemos que tolerarlos.

12. La situación patronal reciente no se circunscribió a Monterrey, sino que tuvo ramificaciones en otros centros importantes de la República, como La Laguna, León, el Distrito Federal, Puebla y Yucatán.

13. Debe cuidarse mucho la clase patronal de que sus agitaciones se conviertan en bandería política, porque esto nos llevaría a una lucha armada.

14. Los empresarios que se sientan fatigados por la lucha social, pueden entregar sus industrias a los obreros o al Gobierno. Eso será patriótico; el paro no.